Los compromisos del Pacto Mundial para la Migración, un reto pendiente en la Agenda 2030 de España
• Un informe elaborado por organizaciones de la sociedad civil advierte de la necesidad de que las políticas migratorias y fronterizas del Estado español se ajusten a los principios internacionales y los compromisos recogidos en el Pacto Mundial para la Migración y realizan una serie de recomendaciones para ello
• El gobierno español ha establecido entre sus prioridades para hacer realidad la Agenda 2030, el cumplimiento del Pacto Mundial para la Migración y las obligaciones del derecho internacional
• El Pacto Mundial para la Migración fue suscrito en 2018 con el apoyo de 152 países, entre ellos España. A pesar de no ser vinculante, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a garantizar los derechos de todas las personas
El 15 de julio el Estado español presentará el Informe voluntario de progreso 2021 de la Agenda 2030 y la Estrategia de desarrollo sostenible 2030 en el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que tendrá lugar entre los días 6 y 15 de julio. Este informe muestra los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y marca una hoja de ruta para los próximos años, poniendo el foco en aquellos aspectos prioritarios para el gobierno español. Entre estas prioridades, en el documento se señala el “Desarrollo de los compromisos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en la gobernanza migratoria, para responder, en materia de protección internacional y migración, a los compromisos establecidos en la Agenda 2030, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional”.
Sin embargo, algunos de estos compromisos siguen pendientes de desarrollo. Según el informe elaborado por Alianza por la Solidaridad, Asociación Rumiñahui, Fundación Cepaim, la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), Médicos del Mundo, y Red Acoge, las políticas migratorias españolas son actualmente insuficientes para cumplir con los ODS y deben incrementarse y priorizarse para respetar plenamente el derecho internacional de los derechos humanos.
Recuerdan además que tanto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos como el Consejo Económico y Social han afirmado que la población migrante es la que se halla en mayor riesgo de pobreza y exclusión social.
Recomendaciones al Gobierno de España
El informe destaca en primer lugar la necesidad de poner fin a la externalización de fronteras y a las devoluciones sumarias, y a buscar alternativas a las medidas privativas de libertad que eliminen el uso de la detención migratoria.
Urge la reforma de la normativa de extranjería para ajustarla a las políticas de inclusión recogidas en el Pacto. Los requisitos vinculados al tiempo de estancia y las condiciones de contratación laboral que se exigen a las personas extranjeras para conseguir las autorizaciones de residencia y trabajo no se ajustan a la realidad social y económica actual, siendo el principal obstáculo para el ejercicio de sus derechos.
Esta modificación es también necesaria para multiplicar los mecanismos que fomenten una migración voluntaria, flexible y regular facilitando la contratación en origen para el desarrollo de una actividad laboral en España y los visados de búsqueda de empleo, así como para simplificar la tramitación de la reagrupación familiar.
La protección integral y efectiva de las mujeres migrantes en situaciones de violencia de género, debe ser una prioridad a lo largo de todo el recorrido migratorio y es imprescindible garantizar el amparo de las y los menores no acompañados protegiendo los derechos de la infancia, así como agilizar los procedimientos y trámites de residencia que permitan su regularización y se pueda proceder a la reforma de la Ley del Menor en este sentido.
Las entidades sociales también llaman la atención sobre la necesidad de aprobar lo antes posible una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que incluya en su ámbito de aplicación subjetivo a las personas en situación administrativa irregular, y que prohíba las identificaciones policiales por perfil racial/étnico que constituyen una práctica discriminatoria.
En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, se pide eliminar las dificultades existentes para la homologación de títulos académicos, la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para los y las trabajadoras domésticas y de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Para evitar la exclusión sanitaria, es recomendable agilizar la tramitación del Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Para hacer realidad la Agenda 2030 el Estado español debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de los tratados y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como hoja de ruta para la implementación del Pacto Mundial para la Migración.
