Retos para la inclusión de las personas migrantes en España

Miles de personas de personas no pueden ejercer su derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud o a la libre circulación por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como tener más de tres años de residencia en el país o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración. 

Así lo muestra el estudio “Retos de la inmigración en España. Los derechos como base para la inclusión", realizado por Red Acoge y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI. Durante el año 2021, las organizaciones federadas de la Red han recogido datos en 13 localidades que nos han permitido identificar los principales obstáculos normativos que encuentran las personas migrantes para acceder y renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, y el impacto que estos obstáculos tienen en el acceso a derechos tan básicos como el trabajo, la vivienda o la salud. 

Estas autorizaciones son el principal pilar de los procesos de inclusión de la población extranjera en la sociedad española al ser la vía para el ejercicio de la plena ciudadanía. Sin embargo, el Reglamento de Extranjería condiciona su acceso y la renovación al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social y económica que tenemos, dejando en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante. 

Entre los principales resultados del estudio destaca el círculo de irregularidad provocado por la propia legislación de extranjería: sin certificado de empadronamiento no se puede demostrar el tiempo de estancia en el país ni acceder al sistema sanitario. No se puede tramitar el empadronamiento si no se tiene una vivienda; no se puede alquilar una vivienda sin un contrato de trabajo; no se puede tener un contrato de trabajo sin autorización de trabajo y residencia. 

La situación administrativa es un factor más de discriminación y provoca en muchas personas migrantes efectos devastadores al verse abocadas a trabajar en la economía sumergida, en sectores muy precarizados y verse expuestas a sufrir abusos y, en el caso de las mujeres, se suma la violencia sexual y la discriminación por razón de género a la que están más expuestas en situaciones de vulnerabilidad y desprotección. 

De los resultados obtenidos en el estudio se desprende que resulta imprescindible y urgente una reforma legislativa estructural y sostenible en el medio largo plazo, para facilitar el acceso o la renovación a las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, y alcanzar una sociedad en la que se puedan ejercer los derechos en igualdad. 

Así lo venimos demandando desde Red Acoge junto con otras entidades sociales. Porque cuando las leyes se convierten en un obstáculo, deben ser modificadas.