La sociedad civil denuncia las consecuencias negativas sobre la vida de las personas del Pacto Europeo de Migración y Asilo
Once organizaciones que trabajan en la defensa de derechos de las personas migrantes y refugiadas presentan un informe del impacto negativo que esta propuesta legislativa tendría en los derechos humanos
La Comisión Europea presentó hace un año, el 23 de septiembre de 2020, su propuesta de Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de la UE con el objetivo de desarrollar una política común en materia migratoria. Pese a que esta iniciativa se anunció como “un nuevo comienzo en materia de migración”, las organizaciones sociales denuncian que es una propuesta que refuerza el enfoque de securitización de las fronteras, la criminalización de la migración, y que obvia los tratados internacionales ratificados por los Estados y sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Con el objetivo de revertir la orientación de las medidas recogidas en la propuesta de Pacto, varias organizaciones de la sociedad civil (Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, CEAR, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Red Acoge, Save the Children y Stop Mare Mortum) han realizado un exhaustivo análisis sobre el impacto que tendría su aprobación y han elaborado un conjunto de propuestas basadas en los estándares internacionales de derechos humanos que buscan avanzar en la protección de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Así, ponen de manifiesto que el objetivo principal del Pacto es aumentar el número de personas devueltas o expulsadas de Europa y que el mecanismo sobre el que pivotan todos los procedimientos establecidos en el Pacto es el retorno. Se apuesta por agilizar los procedimientos en frontera reduciendo sus garantías; por la externalización de la gestión de la migración a países que vulneran los derechos humanos; y por seleccionar, mediante fórmulas estadísticas, las nacionalidades susceptibles de acceder a los procedimientos de asilo sin valorar de manera individual las solicitudes, contraviniendo todos los tratados internacionales en la materia. Determina, además, la relación con países terceros en función del control que realicen de los flujos migratorios, reforzando las expulsiones y readmisiones a cambio de la concesión de visados, fondos de cooperación al desarrollo o inversiones.
Como se señala en este informe de evaluación, resulta especialmente grave el uso de ficciones jurídicas como el concepto de “pre-entrada”, que considera las zonas fronterizas como un limbo mientras se realiza el cribado de las personas migrantes y solicitantes de asilo para no reconocer su ingreso en territorio europeo. Este mecanismo habilita la creación de los centros de detención para el registro de personas que empiezan a proliferar en la frontera sur, y que han sido denunciados por sus condiciones insalubres y por las reiteradas violaciones de derechos humanos.
España frente al Pacto Europeo
La respuesta a las llegadas de personas migrantes y solicitantes de asilo a Canarias, denunciada por la falta de instalaciones adecuadas, por el hacinamiento y por la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables; las devoluciones contra su voluntad de niños, niñas y jóvenes sin acompañamiento adulto desde Ceuta a Marruecos; y la falta de compromiso para llevar a cabo la reforma del Reglamento de Extranjería, ponen de manifiesto la apuesta del Gobierno español por este “nuevo” enfoque de la política migratoria europea, aún cuando no se ha aprobado formalmente.
Por estos motivos, las organizaciones que han elaborado este informe reclaman mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, la habilitación de vías regulares y seguras, canales y visados humanitarios especialmente en contextos de crisis, cuotas de reparto de acogida obligatorias para todos los países, la adopción de la detención como último recurso, así como la desvinculación de las ayudas para el desarrollo de cualquier objetivo de control migratorio o securitización de las fronteras. En definitiva, políticas humanitarias, con enfoque de derechos e interseccionales, bajo las cuales el interés superior de la infancia y los derechos y dignidad de las personas migrantes y refugiadas sean respetadas.
