Entidades sociales denuncian la exclusión social y financiera de las personas migrantes y refugiadas ante los obstáculos de los bancos para abrir cuentas
Las graves dificultades que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo para abrir cuentas bancarias son objeto de preocupación para el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), adscrito al Ministerio de Igualdad, que ha aprobado una recomendación exigiendo que se garantice este derecho para evitar la exclusión social y acabar con la discriminación indirecta que esta práctica supone.
El acceso y mantenimiento de las cuentas de pago básica para personas en situación de vulnerabilidad se ve obstaculizado de manera reiterada. Así ha sido recogido por las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el Estado español que constatamos como la práctica habitual de las entidades financieras en relación a este producto vulnera un derecho reconocido en la legislación española y europea.
Las dificultades o la negativa para abrir las cuentas tienen graves consecuencias en la vida de estas personas. La recomendación del CEDRE indica: “Ser titular de una cuenta bancaria es un derecho instrumental que permite contratar servicios básicos con entidades privadas y públicas, como el suministro eléctrico, de agua o gas, alquilar una vivienda, o percibir una prestación económica estatal o autonómica. Resulta prioritario por tanto garantizar este derecho para evitar la exclusión social y acabar con la discriminación indirecta que supone”.
Las irregularidades que cometen los bancos comienzan por no informar de la existencia de las cuentas de pago básicas a las que tienen derecho las personas en situación de vulnerabilidad social; no reconocen como válidos sus documentos de identidad, teniendo especial dificultad las personas en situación administrativa irregular cuya expulsión es imposible por razones jurídicas y de hecho; les obligan a contratar otro tipo de productos o servicios para abrir la cuenta; o solicitan documentación adicional de forma arbitraria en función de la sucursal bancaria donde se solicite.
Desde las organizaciones sociales hemos puesto en conocimiento de esta situación al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), al Ministerio de Consumo y hemos presentado una queja ante Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación.
Recientemente, hemos participado en la Consulta Pública, convocada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación social, con la que se está evaluando el acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de la situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera, a fin de elaborar propuestas de mejora del marco normativo aplicable.
Consideramos a su vez que se deben adoptar medidas efectivas para que las entidades bancarias cumplan con la normativa vigente reforzando los mecanismos de control y supervisión con el fin de hacer efectivo el acceso a las cuentas de pago básicas y evitar los casos de exclusión financiera que agravan las situaciones de vulnerabilidad social.
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