Día Internacional del Migrante

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra en su artículo 13 el Derecho a Migrar como derecho básico y universal, que no hace más que poner de relieve una realidad innata a los seres humanos como  es la movilidad humana. Sin embargo, comprobamos diariamente que ese derecho es vulnerado a miles de personas que huyen de las guerras, hambrunas y persecución, cuando deberían estar siendo protegidas por los estados.

Lamentamos que los responsables políticos no sean capaces de  gestionar esta realidad, como se puso de manifiesto en la reunión convocada por Naciones Unidas sobre migración y refugio y la Cumbre Obama, en la que se postergaron los acuerdos para el año 2018.

No resulta diferente a nivel europeo. La incapacidad de los estados de llegar a acuerdos para acoger a refugiados, para el establecimiento de vías seguras y legales que permitan la llegada ordenada, y la negociación con terceros estados para evitar su responsabilidad de ofrecer protección; pone de manifiesto que la migración se considera más una amenaza que una oportunidad.

No se puede seguir admitiendo la vulneración de DDHH que sucede en la frontera sur, concretamente con las devoluciones en caliente que impiden proteger a las personas más vulnerables, como menores y víctimas de trata, y que supone legitimar una práctica que sigue siendo ilegal.

No podemos olvidar que las personas que abandonan sus hogares, lo hacen obligadas por circunstancias tales como conflictos bélicos, falta de perspectivas económicas o consecuencias del cambio climático, por poner sólo algunos ejemplos; y que llevan a millones de personas a salir de sus hogares para tratar de encontrar una vida digna aún a riesgo de perderla.

Queremos poner de relieve que el actual modelo político y social, no favorece la integración en igualdad de derechos las personas inmigrantes que viven en nuestro país. Se hace necesario volver a contar con un nuevo  Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, finalizado en 2014 y que preveía la implantación de medidas de integración y cohesión social.

La población inmigrante y en especial la más vulnerable como es la que se encuentra en situación irregular, viven un una situación de recortes de derechos y criminalización que hay que revertir.

A las personas en situación irregular el Estado les niega la asistencia sanitaria e incluso pueden ser privadas de libertad en los centros de internamiento hasta 60 días, en lugar de recurrir a medidas alternativas previstas en la legislación, que no lesionan sus derechos fundamentales.

Red Acoge cree firmemente en que debemos avanzar hacia un nuevo modelo social que defienda el desarrollo de un modelo de ciudadanía inclusiva y responsable, basada en la interculturalidad y la justicia social.