Carta urgente al Gobierno: EL DERECHO DE ASILO NO SE TOCA
Las organizaciones firmantes exigimos la retirada inmediata de la propuesta de Real Decreto-ley con la que el Gobierno pretende crear en Ceuta un régimen excepcional de asilo reduciendo las garantías jurídicas y procesales de las personas solicitantes de protección internacional con el objetivo de acelerar su expulsión.
La propuesta introduce un “régimen de excepción al derecho de asilo por razón de lugar y tiempo” que, en la práctica, vacía de contenido el derecho efectivo a solicitar protección internacional porque su vida, libertad o integridad está gravemente amenazada. Esta medida vulnera el principio de no devolución, obstaculiza el acceso al procedimiento de protección internacional y restringe el derecho a la tutela judicial efectiva.
Limitar este derecho, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Ginebra y en la Constitución Española, no sólo contraviene las obligaciones del Estado, sino que sienta un gravísimo precedente para el recorte de garantías de un derecho fundamental que podría ser aplicado en cualquier otra situación que se decida considerar como “excepcional”.
A pesar de las declaraciones del Gobierno de aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo de la forma menos lesiva posible para los derechos humanos, y concretamente el derecho al asilo, el proyecto de Real Decreto-ley reduce garantías por debajo incluso de los mínimos establecidos por el propio Pacto y entra en conflicto con obligaciones internacionales y europeas asumidas por el Estado español.
Esta propuesta llega, en un contexto de Ceuta marcado por el desamparo institucional de miles de personas que todavía no han podido acceder a ninguna atención, entre las que se encuentran personas en situación de especial vulnerabilidad, niños y niñas, mujeres víctimas de violencia y personas LGTBIQ+, que están en situación de calle, a lo que se suma la denuncia de malos tratos y torturas por parte de militares a personas migrantes o la devolución a Marruecos de personas procedentes de Sudán y de otros países con altas necesidades de protección internacional tras procedimientos de triaje cuestionados por falta de garantías suficientes.
Ante esta grave situación, desde la sociedad civil manifestamos nuestro firme rechazo a la propuesta del Real Decreto, el cual:
- Debilita o menoscaba el principio de no devolución como pilar esencial que garantiza y protege, no solo a quienes ya han obtenido formalmente el estatuto de refugiado, sino que opera frente a cualquier devolución que pueda exponer a una persona a persecución, tortura, tratos inhumanos o degradantes u otros riesgos graves para su vida o integridad en el país de retorno.
- Elimina a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, de la cual forma parte el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) del procedimiento de asilo en Ceuta, de forma que las decisiones dependerán en exclusiva del Ministerio del Interior, suprimiendo la supervisión independiente para la correcta aplicación de los tratados internacionales.
- Obstaculiza el acceso al procedimiento de protección internacional. No se admitirán solicitudes de asilo a quienes no las presenten en los primeros 7 días desde que se acuerde su devolución. Estos plazos son totalmente imposibles de cumplir en el contexto actual en Ceuta, mucho más en casos en los que ni siquiera hay asistencia jurídica.
- Elimina las garantías procesales y la protección jurídica en el procedimiento. Se impide el acceso a la justicia al permitir la expulsión antes de que el juzgado determine si corresponde suspenderla.
- Dificulta el proceso de notificación. Las resoluciones de asilo no se notificarán a las personas solicitantes, si no que se publicarán en el BOE o por carpeta ciudadana y se publicarán en la web del Ministerio de Interior. Al no tener en cuenta las barreras lingüísticas, de acceso a internet, competencias digitales y acceso a certificados electrónicos, esta medida impide de facto que las personas tengan conocimiento de lo resuelto y por tanto no puedan recurrir.
Es por ello, que rechazamos cualquier medida dirigida a acelerar las expulsiones en Ceuta que vulnere la legislación nacional e internacional y exigimos:
- La retirada de manera inmediata del Proyecto de real decreto-ley sobre medidas extraordinarias para la agilización de la tramitación de solicitudes y recursos en materia de protección internacional en la ciudad de Ceuta.
- El respeto, protección y garantías del derecho de asilo en toda su integridad para todas las personas, en cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos.
- Procedimientos de triaje en los que se garanticen el acceso a información comprensible, interpretación, asistencia jurídica efectiva, así como una atención psicosocial adecuada que permita identificar las necesidades y situaciones de especial vulnerabilidad de las personas y se pongan en marcha los traslados a península para poder acoger en condiciones dignas y con pleno respeto de los derechos humanos.
- La paralización de cualquier devolución de personas que hayan manifestado su voluntad de solicitar protección internacional, así como de aquellas respecto de las cuales existan dudas sobre si dicha voluntad ha sido correctamente identificada y registrada.
La respuesta a una crisis humanitaria no puede ser la privación de derechos. La situación exige más capacidad pública, más garantías y una respuesta basada en los derechos humanos y la protección de la vida de manera efectiva e integral.
IMPULSAN: Amnistía Internacional, Asociación Elín, Coordinadora de Barrios, Iridia, MPDL, Novact, No Name Kitchen, Oxfam Intermón, Red Acoge, Sur Acoge
