Un año de sombras, un futuro incierto
Como cada 18 de diciembre, se conmemora el Día de Internacional de las Personas Migrantes. Con este motivo, Andalucía Acoge y Red Acoge quieren hacer llegar sus reivindicaciones tanto a las autoridades españolas como a las europeas en una materia tan importante como son los derechos de este esta parte de la ciudadanía, que sólo en España hace referencia a casi 5 millones de personas.
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Durante este año también hemos asistido al éxodo de miles de personas que huyendo de conflictos y violaciones de derechos humanos en sus países, tratan de alcanzar suelo europeo en búsqueda de protección internacional. Sin embargo, hemos visto como la respuesta de países como Hungría ha sido el levantamiento de nuevas vallas, tratando con ello de evitar que puedan entrar y solicitar esa protección internacional.
Tampoco la respuesta de la UE ha estado a la altura de los compromisos internacionales firmados y ratificados en tratados internacionales. El nuevo rumbo de la política europea está centrado en actuar contra las mafias de personas, pero sin establecer otras alternativas para quienes buscan auxilio.
La imposibilidad de llegar a través de rutas seguras o de visados humanitarios las condena a realizar un viaje peligrosísimo que está costando la vida a miles de personas a lo largo de los últimos años y a la necesidad de recurrir a las mafias, puesto que las formas legales de llegar a territorio europeo son una quimera.
Ante esta grave crisis humanitaria, las medidas legales adoptadas por Europa están lejos de una política respetuosa con los derechos humanos. La respuesta europea se ha centrado fundamentalmente en impedir su llegada. Muestra de ello es la cancelación de la operación Mare Nostrum, centrada en el salvamento de personas, Además, se ha dotado de un mayor presupuesto a la agencia Frontex, a la que se encomienda la vigilancia de la frontera exterior de la UE. Como vemos, una vez más se reconduce la presión migratoria a los países limítrofes como Turquía, Marruecos, etc. es decir, se recurre a la externalización de fronteras para dificultar los flujos migratorios.
La diferenciación de las personas por razón de su nacionalidad y la creación de las llamadas listas de países seguros está introduciendo una doble vara de medir, distinguiendo entre aquellas que pueden solicitar asilo y aquellas otras a quienes se devuelve sin que tengan la posibilidad de hacerlo. España debe asumir sus compromisos de protección internacional de manera inmediata.
Sombras también se pueden encontrar con respecto a los centros de internamiento de extranjeros (CIE), donde siguen ingresando personas por simples sanciones administrativas. En marzo se cumplía el plazo de un año que el Ministerio del Interior tenía conforme lo recogido en el reglamento de desarrollo de los CIE para adaptar estos espacios a las nuevas obligaciones contenidas en la regulación. Pese a ello, a día de hoy, se siguen sin implementar medidas tan importantes como que sea personal civil quien atienda las necesidades de las personas internadas, quedando la policía nacional tan sólo para cuestiones de seguridad.
Estamos asistiendo además al incremento de las llamadas expulsiones exprés, en las que sin control judicial alguno se devuelve a las personas a las que en algún momento se les dictó una orden de expulsión sin apenas posibilidad de alegar su nueva situación en España ya que la devolución se produce en el plazo de 72 horas.
Sombras y más sombras, como la nueva regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española. Además de que el procedimiento ha dejado de ser gratuito para la persona solicitante, el grado de integración se comprobará con la realización de una prueba escrita que en ningún caso permite apreciar si verdaderamente las personas están o no integradas.
Sombras también ante la situación económica de España, que está propiciando que muchas de las personas que estaban documentadas hayan caído en irregularidad sobrevenida al no poder renovar su documentación por falta de empleo, hecho que condena a muchas familias a la exclusión social. Paralelamente, otras personas llevan en España años sin haber podido regularizar su situación debido al mismo motivo.
En cuanto a los derechos económicos y sociales de las personas inmigrantes, durante el año 2015 estamos asistiendo a algunas luces en materia de acceso a la asistencia sanitaria como consecuencia del cambio propiciado en algunas comunidades autónomas con los nuevos gobiernos. A nivel estatal, sigue sin haber un reconocimiento pleno del derecho a la asistencia sanitaria puesto que el Real Decreto-Ley 16/2012 no ha sido modificado. Sin embargo, se ha incrementado el número de comunidades autónomas que a través de normativa propia están atendiendo a estas personas.
Un 2016 con grandes tareas pendientes
Nuestros deseos y nuestro esfuerzo para el nuevo año estarán encaminados a la aprobación de una política europea respetuosa con los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que se centre fundamentalmente en el salvamento de vidas y en permitir que estas personas lleguen por medios legales y en el ámbito interno. Por ello pedimos la derogación de la normativa que permite las devoluciones en Ceuta y Melilla.
Seguiremos igualmente trabajando por el cierre de los CIE, así como en las garantías que debe revestir el procedimiento de expulsión. También trabajaremos por una normativa de extranjería que no vincule la situación de residencia y trabajo al mercado laboral y que permita renovar a las personas su documentación sin ninguna exigencia en cuanto a periodos cotizados.
Además, pedimos la derogación de una vez por todas de la normativa que excluye a las personas inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria.
Por último, las federaciones Andalucía Acoge y Red Acoge quieren reivindicar en la conmemoración del Día de las Personas Migrantes que recordar una vez más que ninguna persona es ilegal.
