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El 22 de febrero marca en el calendario el Día Europeo de las Víctimas del Delito, para promover la lucha contra cualquier forma de violencia, delitos y discriminación, así como el apoyo y protección a las víctimas. Sin embargo, las personas migrantes en situación administrativa irregular en España y en otros países europeos, aún no tienen garantizado el acceso a una denuncia segura cuando son víctimas de un delito, enfrentándose a importantes obstáculos, tanto para denunciar como para recibir protección. Mientras, los autores de los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia de la que son objeto las personas migrantes, disfrutan de impunidad.   

Desde Red Acoge se trabaja en el seguimiento y acompañamiento a personas migrantes y solicitantes de protección internacional que sufren algún tipo de delito, pero que se enfrentan a una doble desprotección y a otras barreras como el limitado dominio del idioma local, su falta de conocimiento de las leyes y el temor a ser detenidas y expulsadas, especialmente entre aquellas que no cuentan con autorizaciones de residencia y trabajo.   

La experiencia de C.B. -que prefiere proteger su identidad- es un ejemplo de este desamparo jurídico. “Imagínate, soy víctima de un delito, me atrevo a ir a una comisaría y allí me abren una orden de expulsión y ahora vivo una batalla legal para que no me expulsen”, denuncia este hombre. Según su testimonio, en el momento de interponer la denuncia no encontró ningún problema, sino cuando acudió meses después a la comisaría para notificar su cambio de domicilio y preguntar por su caso. La sorpresa llegó cuando los funcionarios se percataron de que C.B. se encontraba en situación administrativa irregular, le incautaron el pasaporte y abrieron un procedimiento preferente de expulsión del país, metiéndolo en el calabozo hasta que recibió asistencia jurídica de oficio.    

Este hombre, llegó de su Colombia natal hace siete años buscando protección internacional pero su solicitud de asilo fue rechazada y sigue sin obtener permiso de residencia. “En todo este tiempo no he encontrado la manera de regularizar mi situación. Es muy difícil, es un círculo vicioso porque para tener un permiso necesito un contrato y para tener un contrato me piden ‘los papeles’. Es un drama que vivimos muchas personas a diario”, lamenta.   

Según el Informe “Migración y denuncia segura” que Red Acoge elaboró junto con Andalucía Acoge y la Fundación CEPAIM, esta limitación del acceso seguro a la justicia para las víctimas de delitos que no tengan autorización de residencia, “viene dada por una normativa de extranjería que prioriza la situación administrativa de las personas extranjeras frente a la protección y garantía de sus derechos”. Esto se plasma en la controversia jurídica entre la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (también conocida como LOEX) y otras normativas que reconocen la protección a todas las personas tengan o no residencia legal, como el Estatuto de la Víctima de Delito o la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.    

Desde Red Acoge señalan que la Defensoría del Pueblo hace recomendaciones desde 2004 al Ministerio del Interior, para que no se incoen expedientes sancionadores a extranjeros en situación irregular que acudan a comisarías a denunciar delitos de los que han sido víctimas. En uno de sus escritos, la institución señalaba que “la revelación o la constatación de una situación irregular por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que derive en la incoación de un expediente sancionador y en una posterior orden de expulsión del territorio nacional, cuando el ciudadano extranjero pretende realizar una denuncia policial de cualquier naturaleza, además de tener claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, constituye una clara vulneración de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, una quiebra del principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica”.   

A pesar de ello, la Secretaría de Estado de Seguridad, con fecha de 2021, comunicaba la no aceptación de la recomendación de la Defensoría del Pueblo alegando que, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les corresponde, entre sus funciones, la aplicación de la normativa en vigor, en este caso la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.   

Es por ello por lo que numerosas entidades sociales reclaman una reforma de la Ley de extranjería para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin discriminación e implementando mecanismos de denuncia segura que doten de protección y seguridad a todas las víctimas de delitos.