Llegan a la ONU las recomendaciones de la sociedad civil para que España proteja los derechos de las personas migrantes
El viernes 21 de febrero las organizaciones de la sociedad civil presentan en Ginebra ante Naciones Unidas sus contribuciones al cuarto Examen Periódico Universal, un mecanismo de seguimiento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuyo objetivo es avanzar en la protección de los derechos humanos en los 193 países miembros de la ONU.
Cada cinco años la organización internacional revisa la situación de los derechos humanos a partir tanto de los informes de los Estados que pasan examen, como de la información recogida a través de los organismos de Naciones Unidas y de las aportaciones que hacen las defensorías del pueblo y las organizaciones de la sociedad civil.
En esta línea, como organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en promover los derechos de las personas migrantes y refugiadas, Red Acoge y CONVIVE Fundación Cepaim, participan una vez más en el proceso. En esta ocasión, han contribuido en la elaboración de dos informes en los que se incluyen recomendaciones en materia de migración y asilo, para que el Estado español pueda garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Las recomendaciones centradas en los derechos de las personas migrantes en España, apuntan hacia cambios legislativos que, entre otras cuestiones, eliminen las vulneraciones de derechos por parte del Estado en el acceso a la justicia de personas migrantes en situación administrativa irregular, el fin de las paradas policiales por perfil racial, el cese de la detención de personas migrantes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o la constitución, pendiente desde enero de 2023, de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
En lo relativo a las recomendaciones centradas en los derechos de las refugiadas y solicitantes de protección internacional, se abordan medidas para erradicar vulneraciones de derechos por parte del Estado en el acceso al sistema de acogida, activar el procedimiento de solicitud de asilo en frontera y en embajadas -garantizando así vías seguras y legales- , o asegurar el cumplimiento del principio de no devolución, violado por las devoluciones en caliente cometidas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Así mismo, el acceso a los derechos fundamentales por parte de las personas en situación de apatridia en España es otra de las contribuciones de las dos ONG en el proceso, en alianza en este caso con European Network on Statelessness (ENS), el Institute on Statelessness and Inclusion y ACCEM.
“En un contexto como el actual, en el que vemos cómo los Derechos Humanos se ven amenazados, es aún más necesario defender el enfoque de derechos en las políticas migratorias”, asegura Natalia Slepoy, responsable de Incidencia de Red Acoge.
“Pese a que España ha avanzado positivamente desde el anterior ciclo de revisión, esto no puede llevarnos a una falsa autocomplacencia que nos empuje hacia un retroceso en materia de protección de derechos. Instamos a España a dar pasos significativos hacia una sociedad más justa, intercultural e inclusiva”, afirma Rubén Romero, coordinador del Departamento de Incidencia Política y Alianzas de CONVIVE Fundación Cepaim.
La cita en Ginebra con las organizaciones de la sociedad civil es el primer paso de un proceso que continuará en los próximos meses en otros tres momentos clave en los que España responderá a las preguntas que otros estados miembros de Naciones Unidas formulen, la publicación del primer informe con las recomendaciones y un último informe que recogerá los compromisos que asumirá España.
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