6 marzo, 2017
Las organizaciones de la sociedad civil se pronuncian ante los nuevos planes de la Comisión ...
Bruselas, 3 de marzo de 2017 – Al ceder a la presión política para endurecer las medidas contra la migración irregular, la Comisión Europea ha dado la espalda a la plena aplicación de las salvaguardas en materia de derechos humanos contenidas en la Directiva Retorno y está presionando activamente a los Estados miembros para que bajen los estándares de protección.
Ayer, la Comisión Europea hizo públicas una serie de recomendaciones a los Estados miembros sobre el retorno y la detención de las personas inmigrantes. La nueva orientación se publicó sin ninguna consulta previa con la sociedad civil y las autoridades locales y el mismo día que comenzaba la reunión del Foro de Migración de la UE, foro anual oficial de la Comisión para consultar a las partes interesadas. Además de las deficiencias en materia de buena gobernanza, el documento de la Comisión contiene una interpretación de los derechos humanos que los socava. Insta a los Estados miembros a que detengan a las personas migrantes con mayor rapidez y por períodos de tiempo más largos, y presenta el aumento del retorno como elemento disuasorio clave para frenar la migración. El resultado de dicha política será un debilitamiento de las salvaguardas de los derechos humanos en el proceso de retorno y del proceso de asilo. La vinculación del asilo al retorno, así como la orientación explícita de las nacionalidades específicas de los solicitantes de asilo acusados de «abusar» del sistema de asilo es ofensivo.
Como ejemplo extremadamente inquietante, la Comisión insta a los Estados miembros a adoptar una política de detención prolongada que aplique el periodo máximo de detención previsto en la Directiva de Retorno dirigiéndose específicamente a los Estados miembros que aplican periodos más cortos como "malos ejemplos". Alienta la detención generalizada de personas consideradas en riesgo de fuga, concepto que la Comisión ha ampliado considerablemente. Promueve el uso ampliado de las prohibiciones de entrada e insiste en que los Estados miembros utilicen toda la flexibilidad prevista en la legislación para derogar la plena aplicación de las salvaguardas contenidas en la Directiva de Retorno.
No hay evidencia de que la detención de inmigrantes o expulsión forzada tenga un efecto disuasorio o sea sostenible. La detención y los retornos forzados son prácticas extremadamente perjudiciales que tienen efectos duraderos en la salud física y mental de las personas, así como altos riesgos de suicidio. Las tasas de re-emigración entre las personas expulsadas son altas y no se ha demostrado que la expulsión disminuya las aspiraciones migratorias de las comunidades a las que se devuelve a las personas.
La Comisión se ha propuesto desmantelar los principios fundamentales de la Directiva de Retorno de la UE, alentando a los Estados miembros a que interpreten dicha Directiva de manera que permita aplicar menores garantías, abandonando los avances positivos que varios estados miembros habían llevado a cabo. La Comisión ha declarado asimismo que está dispuesta a revisar la Directiva si llega a la conclusión de que las salvaguardas incluidas en la Directiva impiden el retorno o la expulsión.
Como organizaciones de la sociedad civil que representamos a la ciudadanía y a las personas inmigrante en toda la UE, nos gustaría poder estar orgullosos de la Europa en la que vivimos y continuar apoyando el proyecto europeo. No podremos hacerlo a menos que la Comisión Europea se mantenga firme en sus compromisos con los derechos humanos y el Estado de Derecho, promueva la aplicación de mayores estándares de derechos humanos en su legislación, consulte a la sociedad civil y confíe en ésta a la hora de mejorar y gestionar un complejo fenómeno social y económico frente a presiones para encontrar soluciones rápidas.
Como ejemplo extremadamente inquietante, la Comisión insta a los Estados miembros a adoptar una política de detención prolongada que aplique el periodo máximo de detención previsto en la Directiva de Retorno dirigiéndose específicamente a los Estados miembros que aplican periodos más cortos como "malos ejemplos". Alienta la detención generalizada de personas consideradas en riesgo de fuga, concepto que la Comisión ha ampliado considerablemente. Promueve el uso ampliado de las prohibiciones de entrada e insiste en que los Estados miembros utilicen toda la flexibilidad prevista en la legislación para derogar la plena aplicación de las salvaguardas contenidas en la Directiva de Retorno.
No hay evidencia de que la detención de inmigrantes o expulsión forzada tenga un efecto disuasorio o sea sostenible. La detención y los retornos forzados son prácticas extremadamente perjudiciales que tienen efectos duraderos en la salud física y mental de las personas, así como altos riesgos de suicidio. Las tasas de re-emigración entre las personas expulsadas son altas y no se ha demostrado que la expulsión disminuya las aspiraciones migratorias de las comunidades a las que se devuelve a las personas.
La Comisión se ha propuesto desmantelar los principios fundamentales de la Directiva de Retorno de la UE, alentando a los Estados miembros a que interpreten dicha Directiva de manera que permita aplicar menores garantías, abandonando los avances positivos que varios estados miembros habían llevado a cabo. La Comisión ha declarado asimismo que está dispuesta a revisar la Directiva si llega a la conclusión de que las salvaguardas incluidas en la Directiva impiden el retorno o la expulsión.
Como organizaciones de la sociedad civil que representamos a la ciudadanía y a las personas inmigrante en toda la UE, nos gustaría poder estar orgullosos de la Europa en la que vivimos y continuar apoyando el proyecto europeo. No podremos hacerlo a menos que la Comisión Europea se mantenga firme en sus compromisos con los derechos humanos y el Estado de Derecho, promueva la aplicación de mayores estándares de derechos humanos en su legislación, consulte a la sociedad civil y confíe en ésta a la hora de mejorar y gestionar un complejo fenómeno social y económico frente a presiones para encontrar soluciones rápidas.
