Las entidades sociales ven luces y sombras en la reforma del Reglamento de Extranjería
- La alianza formada por seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas considera que la nueva normativa establece mejoras, pero no logra un cambio sustancial y definitivo, dejando atrás objetivos clave.
- Como aspectos positivos destacan la reducción en un año del tiempo exigido para solicitar la regularización de la situación administrativa, la flexibilización de requisitos o el desarrollo de los visados como vía regular de entrada.
- Pero las entidades alertan sobre las graves consecuencias de la reforma del Reglamento de Extranjería para las más de 190.000 personas solicitantes de asilo que se encuentran pendientes de resolución o admisión. Si se mantienen las cifras de años anteriores, la reforma dejaría en situación administrativa irregular en torno al 88% de las personas a las que no se les reconoce el estatuto de protección internacional
Desde hace más de cuatro años, la alianza de entidades formadas por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, ha realizado un seguimiento detallado a los procesos de reforma del Reglamento de Extranjería y ha trasladado propuestas concretas a los diferentes ministerios para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad de las miles de personas a las que acompañan. No obstante, lamentan que, a pesar de haberse abierto canales formales de escucha, las propuestas de la sociedad civil apenas han tenido impacto en la norma aprobada.
Como aspectos positivos destacan que el desarrollo de los visados facilitará que las personas puedan llegar a España con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias desde su país de origen y que la flexibilización de determinados requisitos permitirá la regularización de algunas personas extranjeras que estén sin autorizaciones en territorio español. Por ejemplo, en el caso del arraigo social se reduce en un año el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo y el arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación y una vez finalizada se podrá cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral. Sin embargo, se mantiene que para un número muy importante de personas sea necesario vivir al menos dos años de manera irregular para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo.
Las entidades alertan especialmente sobre las graves consecuencias que tendrá la aplicación del Reglamento para miles de solicitantes de asilo a las cuales se les deniega dicha solicitud. Según la Oficina de Asilo y Refugio, más de 190.000 personas solicitantes de asilo se encuentran pendientes de resolución o admisión y estiman que podrá dejar en situación administrativa irregular en torno al 88% de las personas a las que no se les reconoce el estatuto de protección internacional, según las datos de años anteriores.
Estas personas, durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá no solo la pérdida de esta autorización sino que, durante el primer año de vigencia del Reglamento, tendrán que permanecer seis meses en situación irregular si quieren solicitar los permisos por arraigo, y una vez pase este tiempo, deberán esperar dos años más para poder solicitar las autorizaciones, porque no se les reconocerá el tiempo de residencia previo.
De esta forma, el nuevo Reglamento de Extranjería genera que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando, y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, sean penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos.
Las entidades sociales creen que una de las consecuencias de esta decisión es el desincentivo de las personas a solicitar protección internacional en España. Se busca de esta forma reducir el número de solicitudes para dar respuesta a la falta de capacidad de la Administración para tramitar y acoger al creciente número de personas que se ven forzadas a huir su país de origen y buscar protección en España.
Consideran que se genera de esta manera una inseguridad jurídica que puede contradecir las manifestaciones realizadas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que afirmó que la reforma “representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España”.
Las entidades sociales señalan que, además de crear nuevas situaciones de irregularidad administrativa, este Reglamento no va a resolver de manera inmediata la situación de irregularidad en la que se encuentran miles de personas y por ello destacan la necesidad de aprobar en paralelo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria como vía para garantizar derechos a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país.
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