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10 agosto, 2020

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede ser el primer paso para avanzar hacia el reconocimiento de ...

El proceso de tramitación legislativa del IMV es una oportunidad para avanzar en medidas de políticas activas de empleo y de mejoras de las condiciones laborales; medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna; medidas educativas para disminuir los altísimos niveles de fracaso escolar; o medidas que faciliten el acceso a las personas extranjeras a las autorizaciones de residencia y trabajo.

El 10 de junio de 2020 se aprobó el Real Decreto – ley por el cual se establece el Ingreso Mínimo Vital y se acordó su tramitación como Proyecto de Ley. El preámbulo señala que el IMV es una herramienta para facilitar la inclusión social de aquellas personas que, por falta de recursos, se encuentran en una situación de exclusión social, para que puedan desarrollarse con plenitud en la sociedad.

Sin embargo, si bien el IMV puede ser una potente herramienta para lograr este fin, también puede ser una herramienta que genere discriminación e inequidad entre las personas que se enfrentan a una dura situación para poder atender las necesidades más básicas en su día a día. Para que esto no suceda es necesario avanzar en dos líneas:

Por un lado, debe ampliarse la cobertura y reducirse los requisitos de elegibilidad para llegar al mayor número de personas y no excluir a aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad como es la población migrante en situación irregular o con documentación reciente. El impacto socioeconómico de la crisis sanitaria provocada por la COVID19, ha puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema incapaz de garantizar los derechos más básicos de las personas que viven en las situaciones más duras, de mayor riesgo y vulnerabilidad, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular.

Las medidas sociales que se están adoptado por parte del Gobierno, para que las personas en situación de mayor vulnerabilidad puedan hacer frente a la crisis social y económica, están dejando de lado a la población que no cumple los requisitos para el acceso a estas ayudas, quedando abocadas a trabajar en la economía sumergida en una época de crisis económica donde aumenta el riesgo de abusos y explotación laboral.

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos, sociales o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad.

Por otro lado, debe integrase dentro de un conjunto de medidas concretas que permitan abordar de forma integral la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en situación de pobreza y exclusión. El IMV no puede convertirse en una herramienta para continuar una política de vivienda que mantiene unos precios abusivos de los alquileres y las viviendas; una situación de precariedad laboral generada por los bajos salarios, la temporalidad, las irregularidades administrativas, la desaparición de convenios laborales y el debilitamiento en la negociación colectiva; o unas políticas públicas que no abordan el fracaso escolar; o reforzar la exclusión y discriminación que sufren las personas migrantes por una normativa de extranjería que no se ajusta a la realidad social actual.

En este sentido, el IMV, debe complementarse con medidas de políticas activas de empleo y de mejoras de las condiciones laborales; medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna; medidas educativas para disminuir los altísimos niveles de fracaso escolar; o medidas que faciliten el acceso a las personas extranjeras a las autorizaciones de residencia y trabajo.

La situación extraordinaria y de emergencia que vivimos requiere de soluciones extraordinarias que vayan más allá del modelo de ciudadanía existente hasta ahora.

Por todo esto, desde Red Acoge consideramos necesario avanzar hacia una solución jurídica estable reconociendo a todas las personas migrantes como sujetos plenos de derecho y sean incluidas sin discriminación alguna en las medidas económicas y sociales que se están adoptando.