Dos años desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria
España mantiene la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular, sin atender las recomendaciones internacionales
Incluso antes de la entrada en vigor del RDL, ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, en junio de 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó la reforma sanitaria como un “hecho lamentable” y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas.
En abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas, liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales.
Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte.
A pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, sus insistentes llamadas y expresiones de preocupación y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, el Gobierno español no las ha tenido en cuenta. Por el contrario, las autoridades han seguido implementando la reforma sanitaria y han continuado adoptando normas que profundizan aún más la exclusión sanitaria, como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, que regula el procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.
Las organizaciones, que suscriben este comunicado, alertan de que el importe económico que se establece para suscribir el convenio, podría suponer una barrera al acceso a la atención sanitaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las organizaciones recuerdan que los estándares internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud. Estos convenios obligan a un pago a veces superior a los de un seguro privado por una prestación sanitaria muy limitada, que no incluye el acceso a especialistas y obliga al paciente a costearse el cien por cien de la medicación.
Falta de evaluación del impacto en derechos humanos
En estos dos años, el Ministerio de Sanidad ha retirado la tarjeta sanitaria a 873.000 personas. En este tiempo no ha hecho público ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma sanitaria en personas migrantes en situación administrativa irregular, ni en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Tampoco ha explicado las posibles irregularidades en la aplicación del RDL, como puedan ser la facturación de la atención médica de urgencias, tal y como han denunciado organizaciones médicas y Amnistía Internacional.
El acceso a la medicación es otro de los puntos de especial preocupación de Médicos del Mundo, ya que el incremento del copago farmacéutico por una parte, y el hecho de que las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud tengan que abonar el cien por cien de la medicación por otra, está afectando a la continuidad de los tratamientos en las personas en situación más vulnerable, lo que puede tener serias repercusiones en su salud, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves. Además, podría suponer un incremento del gasto sanitario cuando estas personas requieran de atención sanitaria de más complejidad debido a la evolución de la enfermedad (urgencias, hospitalizaciones etc) no debidamente atendida.
Las organizaciones valoran positivamente el discurso que España mantiene en foros internacionales de compromiso con los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Por ello y a través de una carta a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las organizaciones le piden al Gobierno que, de forma coherente con dicho posicionamiento, cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas, reformando el Real Decreto Ley, asegurando la universalidad del derecho a la salud, y garantizando de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.
Información de contexto
El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL). Con este RDL, España ha incurrido en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud que podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por tratarse de una medida regresiva y discriminatoria.
Las personas sin tarjeta sanitaria sólo serán atendidas en los siguientes casos: urgencias, supuestos de embarazo, parto y posparto, menores, solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión. Sin embargo, personas con enfermedades crónicas como el cáncer o diabetes no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita.
Un caso que puede ser ilustrativo del impacto negativo de la reforma sanitaria es el de Alpha Pam, ciudadano senegalés de 28 años sin tarjeta sanitaria, que falleció de tuberculosis el 21 de abril de 2013, a pesar de que el tratamiento gratuito de su enfermedad se encontraba contemplado en los criterios generales sobre asistencia sanitaria a personas migrantes de las Islas Baleares. A Alpha Pam le diagnosticaron bronquitis en el Hospital de Inca, sin efectuarle una radiografía ni decidir su ingreso. Según información recibida por las organizaciones, el centro de salud se negó a realizarle pruebas diagnósticas hasta en tres ocasiones e incluso le advirtieron de que, por su condición de inmigrante, tenía que pagar la visita. Ante lo ocurrido, la Consejería de Salud elaboró una “investigación reservada” en cuyas conclusiones se ordena la destitución del gerente del Hospital de Inca y la apertura de tres expedientes disciplinarios. El informe reconoció errores administrativos en la gestión de la atención sanitaria de Alpha Pam.
Este comunicado lo suscriben: Amnistía Internacional, Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge.
