Día Mundial de la Infancia
Las Administraciones Públicas deben garantizar la protección integral de la infancia migrante y refugiada
En la semana que se celebra el Día Mundial de la Infancia, recordamos que el Estado español en su conjunto tiene la responsabilidad jurídica de garantizar el derecho a la vida, la seguridad e integridad física de todos los niños y niñas presentes en su territorio, con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa.
Los derechos de la infancia quedan lejos para los niños y niñas que se ven obligados a huir solos de guerras, violencia, persecución o pobreza extrema. Se ven forzados a emprender rutas peligrosas porque no existen vías seguras para buscar protección en otros países. Sufren todo tipo de violencias. Y, en demasiadas ocasiones, cuando llegan al país de destino, son deshumanizados con discursos racistas y criminalizadores que los convierten en arma política.
En los últimos meses hemos asistido a un perverso debate acerca del “reparto” de menores migrantes y/o solicitantes de asilo no acompañados en el que la protección y bienestar de los niños y niñas parecía ser lo menos relevante del asunto entre tantos intereses en disputa. Varios gobiernos autonómicos se han negado a acoger a los niños y niñas, algunos han justificado acciones racistas que incitan al odio contra estos niños y niñas que buscan proteger su vida y obstaculizan a diario el trabajo de las entidades sociales que asumen su acompañamiento.
Ante esta grave situación, desde Red Acoge, queremos recordar que:
1. La protección de la infancia, sin discriminación alguna, es una obligación legal de todas las administraciones públicas del Estado español.
El ordenamiento jurídico español y los tratados internacionales de derechos humanos obligan a las Administraciones Públicas, con independencia de su marco competencial, a garantizar la protección integral de la infancia, incluyendo a los niños y niñas migrantes y solicitantes de protección internacional.
2. Ningún niño o niña puede quedar desprotegido por decisiones políticas
Los gobiernos autonómicos no pueden utilizar la delegación de competencias para obstaculizar, retrasar o limitar la atención, acogida o integración de niños y niñas no acompañados. El interés superior del niño y su derecho a la vida y a la protección prevalece sobre cualquier ideología, disputa partidista o competencial.
Negar protección o generar barreras institucionales vulnera derechos fundamentales y contradice los compromisos internacionales asumidos por España.
3. La infancia debe estar libre de discursos de odio
Las narrativas racistas, deshumanizadoras o criminalizadoras que señalan a niños y niñas no acompañados son incompatibles con las obligaciones públicas de protección y ponen en riesgo su integridad física y emocional.
Las administraciones deben actuar con responsabilidad, garantizando un entorno seguro y libre de discriminación.
4. Los niños y niñas son sujetos de derechos y oportunidades, también la infancia migrante
El derecho a la vida y el disfrute de todos los derechos de la infancia no deben estar condicionados por el lugar en el que se nace y deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias.
Como sujetos de derechos, los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados y escuchadas, y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en las decisiones que se toman sobre su vida Es necesario que las políticas migratorias y de asilo incorporen el enfoque de género e infancia y que las políticas de infancia apliquen el enfoque de derechos e intercultural.
5. Los gobiernos autonómicos deben facilitar la protección real y efectiva
Exigimos a todos los gobiernos autonómicos que:
- Cumplan sin excepciones sus obligaciones jurídicas hacia todos los niños y niñas.
- Garanticen su derecho a la vida y a la protección.
- Pongan fin a la instrumentalización de la infancia no acompañada y actúen con responsabilidad y conforme a la ley.
- Acaben con las obstaculizaciones al trabajo que realizan las entidades sociales que están protegiendo los derechos de estos niños y niñas.
