Conoce nuestras propuestas en defensa del derecho de asilo y del principio de no devolución

La implementación del PEMA (Pacto Europeo de Migración y Asilo) se ha iniciado y el pasado 11 de febrero cerró el plazo de la consulta pública sobre las normas que habrán de modificarse para adaptarse al Pacto. Por ello, desde Red Acoge hemos aprovechado la oportunidad de ofrecer nuestra aportación, que se centra en la defensa de derecho de asilo y principio de no devolución, ante el riesgo de involución de estos principios fundamentales.

Las propuestas que presentamos se basan en:    

1. Adecuar la normativa para garantizar el principio de no devolución en los procedimientos del PEMA, específicamente en la fase de cribado y de retorno forzoso tras la denegación de la solicitud de asilo. Se transpondrá la normativa internacional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado español.
2. Establecer un marco jurídico integral que disponga de todas las garantías judiciales necesarias para respetar y proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas en todos los procedimientos establecidos en el PEMA.
3. Modificar la normativa para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas con independencia de su situación administrativa o su condición migratoria.
4. Reforzar los mecanismos recogidos en la normativa actual que permiten las solicitudes de protección internacional en el exterior a través de las Embajadas y Consulados.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos alertado en muchas ocasiones sobre las graves consecuencias que puede tener el Pacto en cuanto a la vulneración de los derechos humanos y la grave desprotección y faltas de garantías para las personas migrantes y refugiadas. Y consideramos necesario que las modificaciones legislativas internas refuercen, modifiquen o creen figuras jurídicas y procedimientos que pongan en el centro el derecho a la vida de las personas en pie de igualdad y respeten, protejan y garanticen los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Una vez más, desde Red Acoge, recordamos que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe todas las formas de expulsión y traslado de una persona, cualquiera que sea su condición, cuando haya razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro de sufrir un daño irreparable en el lugar al que va a ser trasladada o expulsada.