ENTIDADES SOCIALES PIDEN AL GOBIERNO QUE SE MANTENGAN LOS PLAZOS DE LA REFORMA PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LAS Y LOS MENORES MIGRANTES EXTUTELADOS
Las entidades sociales Andalucía Acoge, Convive-Fundación Cepaim y Red Acoge instan al Gobierno a que mantenga la agenda del próximo Consejo de Ministros del día 24 de agosto de 2021, para abordar, con los acuerdos ya comprometidos, la reforma legislativa sobre el Reglamento de Extranjería que facilite que las y los jóvenes extranjeros tutelados por la administración pública, puedan mantener una situación administrativa regular en su transición a la vida adulta, evitando la irregularidad sobrevenida, tal y como hasta el momento viene sucediendo como consecuencia de la regulación actual.
Otras propuestas planteadas pretenden reforzar las medidas garantistas referidas a los procedimientos de determinación de la edad de las y los menores, a la agilización de los procesos y requisitos de documentación cuando las y los jóvenes alcanzan la mayoría de edad, así como a los tiempos de duración de los permisos de residencia y trabajo.
Es momento para realizar una apuesta decidida para hacer prevalecer el interés superior de las y los menores y que sea aplicado desde las propias instituciones, en consonancia con la Reco- mendación del Defensor del Pueblo de 9 de marzo de 2020, sobre la residencia de los ex menores tutelados que han accedido a la mayoría de edad sin haber obtenido la pertinente autorización y la Observación general nº 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una considera- ción primordial.
La hoja de ruta marcada desde el pasado mes de abril respecto a la modificación del Reglamento de Extranjería resulta esencial para dotarnos de una norma que ponga en el centro las medidas de integración, que fomente la inclusión social de las y los jóvenes, permitiendo que contribuyan a la sociedad de acogida con el pleno ejercicio de sus derechos, anteponiendo el respeto y protección de los derechos humanos por encima de cualquier divergencia política.
Promover oportunidades para la juventud es uno de los principales retos que afronta la sociedad española. Estos chicos y chicas ya son parte de la ciudadanía en España y dificultar su inclusión social solo abunda en el incremento de la precariedad de la juventud y el refuerzo de un modelo social que condena a la exclusión a quienes no cuentan con el apoyo de sus familias.
Antecedentes:
El pasado mes de abril, la Secretaría de Estado de Migraciones anunciaba la modificación del “régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España con el fin último de fomentar su inclusión e integración” mediante la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería.
El Gobierno se había comprometido a aprobar en el Consejo de Ministros del 24 de agosto esta reforma. El texto había pasado por consulta pública, ya había sido discutido por los diferentes ministerios implicados, el Consejo de Estado lo había estudiado por vía de urgencia y se habían incluido las modificaciones requeridas.
Además, cabe destacar la resolución adoptada por unanimidad el pasado mes de junio por parte del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI), en la cual, volvía a ponerse de manifiesto la necesidad y urgencia en la modificación del Reglamento. Sin embargo, el 7 de agosto trascendía que los ministerios de Interior y Exteriores mantenían reticencias sobre las medidas contempladas que motivaban el aplazamiento de la reforma.
Numerosas organizaciones sociales e instituciones como el Defensor del Pueblo llevamos años denunciando la situación de desprotección en la que quedan estos jóvenes a causa de las trabas administrativas y exigiendo la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos de la infancia y juventud migrante con una medida que resulta fundamental para favorecer su inclusión social.
Tal y como exponía el propio Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social en su Memoria de Análisis Normativo para la Modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, España ha de garantizar la protección jurídica y social de aquellos niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país sin la compañía de sus progenitores o referentes adultos, reconociendo que “la regulación que el régimen general de extranjería venía haciendo respecto de la situación jurídica de estos menores los colocaba en una posición complicada para integrarse plenamente en la sociedad”.
