La tragedia de los migrantes de Ceuta, lamentable menosprecio hacia la vida humana
En el aniversario de la muerte de al menos 14 migrantes en la frontera ceutí varias organizaciones recuerdan a las víctimas y reclaman que se respeten los derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En el acto, celebrado frente al Templo de Debod en Madrid, se depositaron quince rosas en memoria de las catorce personas fallecidas, y otra desaparecida, en una concertina, símbolo según las entidades de “una política migratoria que no respeta los derechos de las personas migrantes y refugiadas”.
El hecho de que las autoridades españolas no hayan investigado debidamente el ahogamiento de 14 migrantes frente a la costa de Ceuta después de que la Guardia Civil utilizase contra ellos material antidisturbios de forma desproporcionada pone de relieve el lamentable menosprecio hacia la vida humana que impera en las frontera de España con Marruecos, han sostenido ambas organizaciones en el aniversario de la tragedia.
“Un año después de este trágico incidente, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la investigación ha sido ralentizada”, afirmó María Serrano, portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional.
Hace hoy un año 200 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo del África Subsahariana intentaron llegar a Ceuta a través de la Playa de El Tarajal. Al menos 14 de ellos fallecieron en su intento de alcazar la playa a nado mientras miembros de la Guardia Civil española dispararon con pelotas de goma, gas lacrimógeno y munición de fogueo para impedir su llegada. Según informes sobre los hechos, otra mujer murió tras el incidente, aunque nunca se encontró su cuerpo.
En un primer momento se negó desde el Gobierno el uso de material antidisturbios. Tras las inmagenes aparecidas con posterioridad sobre el material empleado, el Ministro del Interior reconoció dicho uso, aunque afirmó que se había evitado alcanzar a las personas que estaban en el mar. Sin embargo, según testimonios de los supervivientes, algunos de ellos fueron alcanzados con pelotas de goma cuando estaban en el agua y el gas lacrimógeno lanzado por la Guardia Civil les causó serias dificultades de vision y respiración.
El Congreso votó en contra de la propuesta de crear una comisión parlamentaria para investigar el incidente. Aunque en febrero de 2014 se abrió una investigación judicial sobre las muertes, la jueza se apoya en el mismo cuerpo policial, la Guardia Civil, que está siendo investigado y que dirigió la operación con resultados fatales el año pasado. Hasta la fecha la investigación no ha sido exhaustiva, rápida ni imparcial.
La jueza de instrucción no recogió información vital, como la identidad de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, después de que las ONG cuestionaran su inacción ante los tribunales.
“Un año después apenas se ha avanzado en la investigación para conocer a los responsables de las muertes de El Tarajal. Las víctimas de esta tragedia y sus familias merecen algo más que excusas y evasivas. Tienen derecho a conocer lo sucedido”, afirmó Patricia Fernández, miembro de la Coordinadora de Barrios.
Expulsiones sin proceso: España incumple la ley
Además de las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la expulsión sumaria a Marruecos de un grupo de 23 personas que consiguieron llegar a la Playa de El Tarajal supuso una violacion de normas internacionales de derechos humanos vinculantes para España.
Estas personas fueron devueltas de forma sumaria a Marruecos sin que se les diera la oportunidad de pedir asilo o recurrir contra la expulsión. A este respecto el Ministerio del Interior alegó que las devoluciones eran compatibles con la legislación española y con las obligaciones internacionales de España porque los migrantes no habían cruzado la frontera española.
Sin embargo, resulta indudable que las personas afectadas fueron expulsadas de territorio español, pues llegaron a la playa de el Tarajal y se encontraban bajo jurisdicción española cuando fueron detectadas por la Guardia Civil española.
“Esta devolución sumaria vulneró de forma flagrante las obligaciones españolas, europeas e internacionales en materia de derechos humanos y derecho de asilo. No fue la primera ni tampoco la última. Este tipo de prácticas han continuado periódicamente durante todo el año pasado”, añadió Estrella Galán, Secretaria General de CEAR.
Cerca de 95.000 firmas contra las devoluciones en caliente
El Senado estudia actualmente modificar la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a las "devoluciones en caliente" en Ceuta y Melilla, sin ninguna salvaguardia procesal. El Ministerio del Interior ha declarado que, de adoptarse dichas enmiendas, aprobaría el uso de material antidisturbios para realizar estas devoluciones.
“En lugar de corregir una práctica que persigue impedir a toda costa que personas refugiadas y migrantes entren en España devolviendo ilegalmente a quienes llegan, el gobierno está buscando fórmulas para legalizar las devoluciones sumarias y el uso desproporcionado de la fuerza para sellar sus fronteras”, defendió Estrella Galán.
Como muestra de oposición a esta reforma, y tras el acto en recuerdo a las víctimas de El Tarajal, Amnistía Internacional y CEAR entregaron en el Senado casi 95 000 firmas ciudadanas recogidas en las campañas #PortazoAlGobierno y estohayquecortarlo.org.
“La legalización de las devoluciones en caliente violaría claramente las obligaciones internacionales asumidas por España y pondrían más vidas en peligro. El Senado no puede dar cobertura legal a una práctica claramente ilegal”, concluyó María Serrano.
Información adicional
La tragedia de El Tarajal no es el único caso en el que se ha cuestionado la actuación de agentes en la frontera. En diciembre de 2012, cerca de la costa de Lanzarote, una lancha de la Guardia Civil colisionó con una patera con cerca de 25 migrantes a bordo, con el resultado de que uno de ellos resultó muerto y seis más desaparecieron. Amnistía Internacional y CEAR lamentan la lentitud de las investigaciones y los escasos avances en el esclarecimiento de las muertes y de la actuación de la Guardia Civil.
Asimismo, existe una causa abierta contra el Jefe de la Guardia Civil de Melilla por las “devoluciones en caliente” que tuvieron lugar el 18 de junio y 13 de agosto del pasado año en la frontera de la Ciudad Autónoma, y en las que además se denuncia que agentes marroquíes entraron en territorio español.
Se han adherido a esta protesta Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Caminando Fronteras, Coordinadora de Barrios, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Red Acoge y SOS Racismo.
