Insuficiente respuesta de España ante el Consejo de DDHH de NNUU en Ginebra
CERS, MdM, Red Acoge y Red DESC consideran que el acceso a la atención sanitaria sigue sin garantizarse en España a la población inmigrante.
Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado de Exteriores, manifestó en enero en nombre del Gobierno de España su compromiso a hacer públicas las recomendaciones que aceptarían, una vez que las mismas hubieran sido estudiadas detenidamente.
Durante el EPU, siete países pidieron expresamente a España que adoptara distintas medidas en materia sanitaria a fin de que se garantice el acceso a la salud universal a todas las personas sin discriminación alguna, al margen de su situación administrativa.
En la sesión celebrada ayer jueves en Ginebra, Ana María Menéndez Pérez, Embajadora permanente ante Naciones Unidas, intervino en representación de España. Tras la ronda de intervenciones, la Embajadora, en su turno de réplica, ha señalado que el Ministro de Sanidad está trabajando en el diseño de un programa que permita el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes. Según la embajadora, esta tarea se está realizando en coordinación con las diferentes administraciones públicas.
La batería de recomendaciones relativas a eliminar la discriminación en el disfrute de los derechos sociales, como el derecho a la salud, se han incluido en el bloque de recomendaciones que el gobierno contempla como "parcialmente aceptadas". Esta consideración responde a medidas que, según María Menéndez, "no podemos poner en práctica, estemos o no de acuerdo", por motivos presupuestarios, legales o constitucionales.
Center for Economic and Social Rights (CESR), Médicos del Mundo, RED ACOGE y Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) han transmitido a los Estados presentes que durante los últimos seis meses no se ha producido avance alguno. Las declaraciones del ministro Alfonso Alonso ante una agencia de noticias el 31 de marzo, en las que manifestaba su intención de permitir el acceso a la asistencia primaria a las personas inmigrantes, no como un reconocimiento del derecho sino tan sólo como una medida para paliar la gran carga de trabajo que soportan las urgencias de los centros sanitarios, resultan insuficientes para las citadas organizaciones.
CESR, Médicos del Mundo, RED ACOGE y Red-DESC exigen que el compromiso del Ministerio de Sanidad no se limite a lo manifestado por el representante español ayer ante el Consejo sino que permita la restitución íntegra del derecho a la salud de las personas inmigrantes en situación irregular. Lo contrario sería tan sólo la creación de un sistema paralelo de acceso a la sanidad para la población inmigrante pero en ningún caso se aseguraría un acceso basado en el reconocimiento del derecho a la salud de este colectivo que es además extremadamente vulnerable.
