Las devoluciones sumarias en Ceuta y Melilla son contrarias al Derecho Internacional y deben cesar

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Queremos recordar al Gobierno español que:

• Las denominadas “devoluciones en caliente” son contrarias a los principios y normas internacionales de derechos humanos.
• El Relator Especial sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado en su último informe que “el principio absoluto e irrevocable de la no devolución, prohíbe a los Estados expulsar a una persona a la jurisdicción de otro Estado o a cualquier otro territorio donde exista riesgo de que se produzcan violaciones de derechos humanos”.
• Las fronteras internacionales no son zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en esta materia.
• Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos en las fronteras internacionales con todas las personas migrantes con independencia de su situación legal, la forma como llegan a las fronteras, el lugar de donde proceden o su aspecto físico.

El Gobierno español no puede justificar actuaciones contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos basándose en la “legalidad vigente” en nuestro país, cuando las normas que fundamentan esa legalidad contravienen los principios y normas básicas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Así, lo han puesto de manifiesto el Comité de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, el propio Defensor del Pueblo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya ha condenado a España por dichos actos.

Por todo esto exigimos;

• Que el Ministerio del Interior adopte las medidas necesarias para poner fin definitivamente a la práctica de las devoluciones sumarias en cumplimiento con sus obligaciones Internacionales de Derechos Humanos.
• La derogación de la Disposición final primera, sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras, que implica que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Red Acoge cree que las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración en vez de su gestión, sólo sirve para exacerbar los riesgos a los que se exponen los migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Volvemos a repetir que “Ningún ser humano es ilegal”.