Exigimos al Gobierno que cumpla sus compromisos y ponga fin a las devoluciones sumarias
Comunicado: Desde Red Acoge exigimos al Gobierno que cumpla con sus compromisos y derogue la Disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que permite las devoluciones sumarias en Ceuta y Melilla.
La Disposición final primera, sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana, autoriza las devoluciones sumarias de inmigrantes detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de estas ciudades.
Esta práctica supone una grave vulneración de los derechos de las personas que migran y es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución española. Así lo han señalado desde los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y desde el propio Defensor del Pueblo, que han criticado duramente la legalización de una práctica prohibida en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Pedro Sanchez mostró su determinación a finalizar a esta práctica y se comprometió a la derogación urgente de la Disposición final primera de la Ley de seguridad ciudadana en su discurso de investidura hace tan sólo unos meses. Previamente el grupo socialista ya había manifestado su rechazo a esta Disposición mediante la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad en el que se pedía su derogación aludiendo que permitía la expulsión de extranjeros de forma arbitraria y vulnerando su derecho a una tutela judicial efectiva.
Sin embargo, las acciones realizadas por el Gobierno socialista no han ido en esta dirección. El Ministro del Interior ha mantenido la práctica de las devoluciones sumarias durante los meses de su mandato; ha justificado una práctica basándose en la “legalidad vigente” en nuestro país, cuando las normas que fundamentan esa legalidad contravienen los principios y normas básicos de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; y ha mantenido el Recurso del Partido Popular ante el Tribunal de Estrasburgo con los mismos argumentos.
Ante la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana nos preocupa la falta de coherencia del partido socialista y exigimos que mantenga sus compromisos y derogue sin dilación alguna la Disposición final que mantiene una práctica internacionalmente prohibida y que vulnera los derechos más básicos de las personas migrantes.
El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras. Además, éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo, pondrían nuevamente en riesgo su vida.
Las fronteras internacionales no son zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en esta materia.
Red Acoge cree que las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración en vez de su gestión, sólo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen los migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras.
