Posicionamiento de Red Acoge sobre el bloqueo por parte del gobierno español de los buques ...
Desde Red Acoge denunciamos el bloqueo por parte del gobierno español de los buques ‘Open Arms y ‘Aita Mari' y la dejación de sus obligaciones internacionales de proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes.
El Ministro de Fomento, el Señor Ábalos, explicó en su comparecencia ante la Comisión de Fomento en el día de ayer, que Capitanía Marítima había denegado la autorización de los buques Proactiva Open Arms y ‘Aita Mari’ para zarpar ya que “incumplen la normativa de salvamento marítimo”.
Ábalos señaló que “el cierre de los puertos en la zona donde pretende operar junto con la negativa de los buques a desembarcar en Libia, hace que se vean obligados a tomar la ruta hacia España”, lo que significa de facto, el transporte de personas. En ese sentido, apuntó que estos buques no cuentan con las condiciones de seguridad exigidas en la normativa en cuanto al transporte de personas, con el riesgo que supone este hecho para la vida de las personas que transportan.
Además condicionó el cambio de esta decisión a que las organizaciones obtengan algún tipo de acuerdo con las autoridades de los países de las zonas donde operan para el rescate, para asegurar el desembarco de las personas recatadas.
Desde Red Acoge denunciamos el cinismo político de un gobierno que bloquea a las embarcaciones de ONG que salvan miles de vida en el Mediterráneo Central alegando que, estos mismos buques, al incumplir la normativa de salvamento, ponen en riesgo la vida de las personas que transportan.
Ante las declaraciones del Ministro recordamos que:
- La Unión Europea y diferentes organismos de Naciones Unidas han señalado en reiteradas ocasiones que Libia no es un país seguro, razón por la cual estos buques no desembarcan allí. No es una decisión arbitraria de las ONG que salvan vidas.
- La dejación por parte de determinados Estados de sus obligaciones internacionales en cuanto al salvamento y rescate, no puede tener como consecuencia la dejación de estas obligaciones por parte de los demás países. Por el contrario debe reforzar la postura de aquellos que cumplen con ella y forzar a los demás para que las cumplan.
- Son los Estados los que tienen la obligación de llegar a acuerdos con las autoridades de otros países para el desembarco de las personas rescatadas, no los buques de las ONG de salvamento.
- Cuando una embarcación se encuentra en alta mar, fuera de la jurisdicción de los estados ribereños, según los Tratados Internacionales de derechos humanos, los estados tienen la obligación de “prestar auxilio a cualesquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas”.
- La inclusión de las personas migrantes y solicitantes de asilo requiere de políticas y programas migratorios integrales desarrollados desde una perspectiva de derechos humanos y con garantías jurídicas. Es urgente y necesario aunar esfuerzos hacia un cambio de paradigma.
Ante esta situación exigimos al gobierno que:
- Desbloque y facilite el trabajo que las ONG de rescate españolas vienen realizando el Mediterráneo Central y que salvan miles de vidas.
- Establezca medidas concretas y un protocolo claro para el rescate y el desembarco de las personas en alta mar, poniendo fin a la improvisación y a medidas arbitrarias y asegurando la protección y garantía de sus derechos.
- Cumpla con sus obligaciones internacionales de respetar, proteges y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas la de socorrer a toda embarcación en peligro, no solo las que se encuentran en nuestras aguas.
- Establezca acuerdos con los países europeos para asegurar el rescate y desembarco en puertos seguros de las personas rescatadas.
- Desarrolle políticas que vayan más allá de medidas excepcionales tales como el rescate. Las personas se juegan la vida en el mar por falta de vías seguras y legales, alimentando el tráfico de personas, no solo en el Mediterráneo, sino también en rutas terrestres cada día más peligrosas.
La protección de toda vida humana es un pilar fundamental del sistema internacional de los derechos humanos y debe constituir la base de todas las políticas gubernamentales e intergubernamentales, incluidas las migratorias y la gobernabilidad de las fronteras.
