25 febrero, 2020
Organizaciones sociales presentan un decálogo en materia de migraciones al nuevo Gobierno
Los derechos de las personas migrantes deben estar garantizados y ser el centro de las medidas que adopte el Gobierno en esta materia
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Desde las organizaciones que formamos parte de la red euroafricana Migreurop en el Estado español, expresamos una profunda preocupación en relación con las medidas sobre la política que se pretende llevar a cabo en la frontera sur, anunciadas desde el Ministerio de Interior, y las valoraciones sobre el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por este motivo, hacemos llegar al nuevo Gobierno una serie de propuestas relacionadas con las políticas migratorias y de protección internacional, garantizan los derechos de las personas migrantes.
El pasado 17 de febrero, en la intervención del Ministro Grande - Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se reafirmó en la necesidad de mantener el enfoque de securitización de las actuales políticas de frontera señalando las nuevas medidas para “el refuerzo de la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla” que suponen en la práctica reforzar un modelo que ha demostrado ser ineficaz, vulnerador de los derechos fundamentales de las personas migrantes y que refuerza la idea de la llegada de personas como amenaza que se aleja profundamente de un enfoque basado en el marco de los derechos humanos. Asimismo, consideramos que estas propuestas del gobierno español están muy alejadas del concepto de seguridad humana que propone la Agenda 2030 que antepone a la visión securitaria la protección de la vida de todas las personas sin discriminación alguna.
Las organizaciones de Migreurop, consideran que todo esto es contrario al acuerdo de coalición del Gobierno, en cuanto que en él se recoge la pretensión de promover “una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas”. Por este motivo, consideramos imprescindible reorientación de las políticas migratorias que se ajuste a los estándares internacionales y ponga fin a las prácticas contrarias a los derechos de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. Una necesidad que los mecanismos especiales y órganos de los tratados de Naciones Unidas han reiterado a España de forma sistémica.
Asimismo, con relación al posicionamiento mantenido por el Gobierno con relación al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos preocupa que este fallo sea utilizado para legitimar y blindar la práctica de las devoluciones sumarias que se realizan en nuestras fronteras.
Por estos motivos estas organizaciones han elaborado un decálogo de propuestas que tratar de mejorar el abordaje de los principales obstáculos en el marco de las políticas migratorias, realizando propuestas concretas que mejoren el enfoque de las nuevas políticas públicas en materias tan importantes como gestión y externalización de fronteras, principio de no devolución, Salvamento Marítimo, Ceuta y Melilla, la regularización de personas migrantes, las expulsiones e identificaciones por perfil racial, los CIEs y CATEs, la infancia migrante no acompañada y los delitos y discursos de odio.
Migreurop es una red internacional de ONG, activistas e investigadores que trabajan en materias como la detención de migrantes, la externalización de las políticas de inmigración de la UE y las fronteras.
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El pasado 17 de febrero, en la intervención del Ministro Grande - Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se reafirmó en la necesidad de mantener el enfoque de securitización de las actuales políticas de frontera señalando las nuevas medidas para “el refuerzo de la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla” que suponen en la práctica reforzar un modelo que ha demostrado ser ineficaz, vulnerador de los derechos fundamentales de las personas migrantes y que refuerza la idea de la llegada de personas como amenaza que se aleja profundamente de un enfoque basado en el marco de los derechos humanos. Asimismo, consideramos que estas propuestas del gobierno español están muy alejadas del concepto de seguridad humana que propone la Agenda 2030 que antepone a la visión securitaria la protección de la vida de todas las personas sin discriminación alguna.
Las organizaciones de Migreurop, consideran que todo esto es contrario al acuerdo de coalición del Gobierno, en cuanto que en él se recoge la pretensión de promover “una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas”. Por este motivo, consideramos imprescindible reorientación de las políticas migratorias que se ajuste a los estándares internacionales y ponga fin a las prácticas contrarias a los derechos de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. Una necesidad que los mecanismos especiales y órganos de los tratados de Naciones Unidas han reiterado a España de forma sistémica.
Asimismo, con relación al posicionamiento mantenido por el Gobierno con relación al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos preocupa que este fallo sea utilizado para legitimar y blindar la práctica de las devoluciones sumarias que se realizan en nuestras fronteras.
Por estos motivos estas organizaciones han elaborado un decálogo de propuestas que tratar de mejorar el abordaje de los principales obstáculos en el marco de las políticas migratorias, realizando propuestas concretas que mejoren el enfoque de las nuevas políticas públicas en materias tan importantes como gestión y externalización de fronteras, principio de no devolución, Salvamento Marítimo, Ceuta y Melilla, la regularización de personas migrantes, las expulsiones e identificaciones por perfil racial, los CIEs y CATEs, la infancia migrante no acompañada y los delitos y discursos de odio.
Migreurop es una red internacional de ONG, activistas e investigadores que trabajan en materias como la detención de migrantes, la externalización de las políticas de inmigración de la UE y las fronteras.
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