Andalucía Acoge y Red Acoge instan al Gobierno a profundizar en soluciones jurídicas que ...

Andalucía Acoge y Red Acoge, federaciones de organizaciones que trabajan en la atención y por los derechos de las personas migrantes y refugiadas, han instado al Gobierno a profundizar en medidas como la prórroga automática de autorizaciones de residencia y trabajo aprobadas ayer. Demandan al Gobierno avanzar hacia una solución jurídica estable para no dejar a ninguna persona atrás, de forma que se reconozca a todas las personas migrantes y solicitantes de asilo como sujetos plenos de derechos. Asimismo, abogan por el reconocimiento de derechos independientemente del estatus migratorio de las personas y reconocen la necesidad de no utilizar discursos e ideas erróneas hacia los migrantes y solicitantes de asilo.
Ambas entidades sociales han reconocido la prórroga aprobada ayer vía Orden Ministerial y publicada en el BOE, pero creen que es insuficiente. La medida evitará situaciones de irregularidad sobrevenida por la suspensión de trámites por el estado de alarma seis meses más, pero no acabará con la inseguridad jurídica y la desprotección que sufren las personas migrantes, más aún ante la emergencia social a consecuencia de la COVID-19.
Ante una situación sin precedentes, ambas entidades sociales ven necesario favorecer la obtención de permisos de residencia y trabajo, simplificando los criterios legales de concesión de documentación y priorizando las razones humanitarias. En esta línea, han pedido al 

Ejecutivo central que modifique los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Extranjería para la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo: reduciendo el tiempo exigido de estancia en el país, el tipo y temporalidad del contrato de trabajo, el periodo de cotización, etc.
De la misma manera, proponen la concesión de autorizaciones individuales de residencia temporal por circunstancias excepcionales no previstas en dicho Reglamento, pero recogidas en su disposición final. Esta normativa dispone que, en caso de que circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá dictar instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia temporal o trabajo.
Asimismo, instan a proteger a todas las personas durante todo el proceso de tramitación de las solicitudes de autorización, dictando una resolución de carácter provisional, desde el momento en el que se solicita la cita para formalizar la solicitud de la autorización inicial hasta la resolución final. Estas y otras propuestas se están trabajando para presentarlas próximamente a la Secretaría de Estado de Migraciones. 

Los requisitos actuales: muy estrictos y poco ajustados a la realidad
Los criterios legales actuales son poco realistas y muy estrictos, al exigir un contrato de trabajo en condiciones difíciles de encontrar en el mercado laboral español, o la obligación de permanecer en el país un mínimo de dos o tres años sin la documentación requerida. Esto, de facto, supone condenar a estas personas a trabajar durante este período en la economía sumergida, en situación de alto riesgo de abusos, presas de redes de tráfico y trata,y sin el disfrute de sus derechos. En este sentido, critican el enfoque mercantilista de la realidad migratoria, regulada según las necesidades del mercado. 

Es necesario continuar protegiendo y promoviendo los derechos de las personas migrantes y refugiadas y de sus familias en una situación tan compleja como la actual en la que su vulnerabilidad se ha visto acrecentada notablemente.